lunes, 23 de marzo de 2015

2da reunión de Grupo de Trabajo sobre Políticas Indígenas (GTPI)


 
Esta semana se realizó la 2da reunión del Grupo Permanente de Trabajo sobre Políticas Indígenas (GTPI) conformado por el Viceministerio de Interculturalidad y las organizaciones indígenas del mundo quechua-andino, aymara y amazónico, definido en noviembre de 2014 mediante la Resolución Ministerial N°403–2014–MC.
 
Con esta reunión se inició la construcción de la Hoja de Ruta 2015 que tiene como base los temas consensuados en las jornadas de diálogo sostenidas a lo largo de 2014. En esta oportunidad se abordó el tema #1 “Identidad cultural, derechos lingüísticos y erradicación de toda forma de discriminación” y #2 “Políticas para la inclusión y desarrollo social” y participaron como ponentes invitados el RENIEC, el INEI y el MIDIS participaron como invitados. De modo que se brinde la información pertinente para que los miembros del GTPI definan acciones concretas para la Hoja de Ruta en relación con los temas expuestos.
 
El GTPI es una importante iniciativa para institucionalizar el diálogo y generar consensos en torno a una agenda de desarrollo para los pueblos indígenas, además su aporte es fundamental para la prevención de los conflictos sociales vinculados al uso de recursos naturales. El próximo mes el GTPI realizará la primera reunión descentralizada en Puno.

jueves, 12 de marzo de 2015

Willaqniki #28: "Proyectos hidrocarburíferos en el Perú"


 
La Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (ONDS-PCM) presentó el informe de diferencias, controversias y conflictos sociales “Willaqniki” N° 28, el cual da cuenta que durante el mes de febrero intervino en el tratamiento de 41 conflictos sociales y en la atención preventiva de 110 casos.
 
De los 41 conflictos sociales reportados, el 62% está relacionado con actividades extractivas, que incluyen minería (37%), hidrocarburos (15%) y minería informal (10%), manteniendo la tendencia señalada en las publicaciones anteriores.
 
Respecto a las acciones de prevención, durante febrero pasado se registraron 110 casos. De dicha cifra, la preponderancia la mantienen los casos en minería que representa el 45%, que sumados a las acciones desplegadas en la actividad hidrocarburífera (13) y de minería informal (1) registra en suma 58%.
 
El informe presenta como tema principal la situación actual de la actividad hidrocarburífera en el país, a través de sus principales proyectos, así como su función y responsabilidad con la generación de un desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente.
 
En ese sentido, en su artículo central se analizan los contextos que generan el surgimiento de conflictos sociales por presencia de proyectos en etapa de exploración o explotación de hidrocarburos (gas natural y petróleo crudo, principalmente), presentando a su vez los retos que en la actualidad enfrenta dicha actividad a través de lo ocurrido durante las protestas en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, en la región Junín, y en las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, de la región Loreto.
 
Y como parte de los procesos de diálogo que la ONDS-PCM viene gestionando, por un lado se aborda el cumplimiento del primer tramo de agenda del Grupo Trabajo de Determinación de Responsabilidades y Compensación de Daños en los caseríos de Atupa y Antahuran, ubicados en el distrito de Jangas, en la provincia de Huaraz, región Ancash, generado por la presencia del Proyecto Minero Pierina de la empresa minera Barrick Misquichilca (MBM). Gracias al diálogo y trabajo conjunto, se lograron acuerdos importantes que benefician a la población.
 
Por otro lado, se informa que los acuerdos económicos sobre la ejecución de los estudios hídricos del Río Locumba, logrados en la Mesa de Diálogo de la Provincia de Candarave, fueron reafirmados por las nuevas autoridades locales, así como por el resto de los actores integrantes de dicho espacio.
 
El informe está disponible en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros y a través del siguiente enlace: http://onds.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2015/03/W28.pdf
 

martes, 10 de marzo de 2015

Reunión del Grupo de Diálogo Directo


 
La reunión se llevó a cabo en la Casa de las Naciones Unidas el pasado 10 de marzo. Humberto Olaechea y Edwin Guzmán, comentaron sobre la Red Nacional de Líderes Sociales y todos los acontecimientos que están sucediendo en Arequipa por el conflicto de Tía María. Señalaron que los pobladores han quedado en realizar una huelga indefinida para el 23 de marzo. En esta última semana se han encontrado en Tambo dialogando, sin embargo mencionan que es un terreno muy difícil. Lo mejor es convocar a una mesa de desarrollo y llevarlo con éxito.
 
Iván Ormachea, presentó la realización del XI Congreso Mundial de Mediación y I Congreso Nacional para la Construcción de la Paz, del 21 al 26 de setiembre del 2015 en Lima. Como tarea pendiente, recalcó, la recaudación de fondos, auspicios y aportes.
 
Ricardo Morel siguió con las presentaciones, colocando en mesa el tema de APP, Alianza Público-Privada y Obras por Impuestos en base a la experiencia Antamina. Mencionó que el objetivo de Antamina, es promover el desarrollo sostenible evitando conflictos. Lleva a plantear un modelo multiactor con los gobiernos, comunidades, ONG, etc., con un interés común en desarrollo el territorio. El eje del modelo multiactor es atraer al Estado a que cumpla sus funciones. La manera en que este modelo funcione es creando las APP, obras por impuestos por cargo del Gobierno Nacional para que regiones sin canon minero puedan acceder a obras. Por ejemplo Antamina tiene un proyecto de colegios rurales donde se reconstruyen o se construyen 33 colegios rurales bajo el mecanismo y el equipamiento, mantenimiento y capacitación de docentes por 25 años. Este modelo construye confianza, valores y fortalecimiento de instituciones.
 
 
Siguiendo con la exposición, el ingeniero de Antamina y colega de Morel, Julio Escudero, presentó las líneas de intervención prioritarias las cuales son: Agua y Saneamiento, Infraestructura Educativa, Infraestructura de Salud, Conectividad Vial y telefónica, Infraestructura de Riego y Productiva. El número de proyectos financiados en el año viene en aumento siendo 15 en todo el 2014 y 5 en este primer trimestre del 2015.
 
Por último se realizó la ronda de preguntas de los asistentes para los expositores, eliminando varias dudas sobre el nuevo y prometedor mecanismo.


 
¿Qué es el Grupo de Diálogo Directo (GDD)?
El GDL está conformado por los grupos nacionales de Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador y tiene como objetivo promover el diálogo democrático entre el Estado, empresas mineras, organizaciones civiles, pueblos indígenas, comunidades locales y universidades en torno a la actividad minera en sus territorios.
 

Acta suscrita entre el Gobierno y Apus de Comunidades Nativas de Loreto es un hecho histórico para el País


 
El acta suscrita hoy entre el Gobierno y los apus de las federaciones de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, de Loreto, constituye un hecho histórico para el país, pues representa un conjunto de acuerdos producto del diálogo que buscan avanzar en materia de saneamiento, desarrollo integral intercultural, remediación ambiental y titulación de tierras que impactarán en la vida de miles de pobladores de las comunidades nativas de estas zonas.
 
Así lo afirmó la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, quien sostuvo que el documento firmado “representa el camino que queremos seguir para disminuir la pobreza y alcanzar la igualdad que nos permita lograr una verdadera integración social”.
 
Al intervenir en la ceremonia de suscripción, realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Jara Velásquez reconoció la labor que cumplen los apus y remarcó que el diálogo en los diferentes espacios es un camino necesario que permite entendernos en democracia.
 
“El gabinete que presido ha puesto especial énfasis en su disposición al diálogo, el cual se traduce en un proceso de búsqueda de instrumentos de gestión eficaz de las controversias y al concurso de las instituciones llamadas a jugar su papel en cada circunstancia”, enfatizó.
 
La jefa del Gabinete Ministerial sostuvo que “es difícil llegar a un entendimiento si no hay buena fe, por lo que también este acto representa la buena fe de las partes y el compromiso de los representantes de los diferentes sectores del Ejecutivo también presentes, de cumplir con lo acordado”.
 
En esa línea, destacó que hoy en acto público se ha dado cuenta de los resultados de un proceso que se inició hace dos años desde la instauración de la primera Comisión Multisectorial y que evidencia el compromiso del Gobierno de avanzar en la solución en temas necesarios para el desarrollo de los pueblos de las cuatro cuencas y del país.
 
"Reconocemos la necesidad de continuar fortaleciendo nuestros espacios de diálogo con las comunidades indígenas, pero también la necesidad que los diferentes niveles de gobierno, local, regional y nacional, continúen fortaleciendo lazos para así lograr la real implementación de políticas públicas, especialmente sociales, que permitan cerrar las aún existentes brechas de desigualdad”, señaló.
 
Precisó que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, desde su función coordinadora, realizará el seguimiento y velará por el cumplimiento de cada uno de los compromisos suscritos.  Ello “porque no vamos a retroceder ni debemos permitir que aquello que se acuerde, no se respete por la salud que requiere nuestro sistema democrático y el Estado de Derecho”, subrayó.
 
En otro momento, Jara Velásquez resaltó que desde el inicio de este gobierno se anunció la necesidad de una nueva relación con las industrias extractivas y se introdujeron reformas importantes con el fin de lograr que la inversión privada sea sostenible. “No se trata de trabar la inversión ni poner barreras, sino de exigir el cumplimiento de los estándares ambientales, logrando una convivencia armoniosa entre la población, la empresa y el medio ambiente”, anotó.
 
También destacó que en setiembre pasado, en el marco de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales que preside la PCM, se creó un Grupo de Trabajo al más alto nivel para la implementación, por primera vez, de políticas públicas específicas en la Amazonia en temas relevantes, como identidad, programas sociales y protección social, salud, educación, acceso a servicios básicos, territorio y gestión de recursos naturales, desarrollo productivo y mecanismos de incentivos. “Es compromiso de este gobierno llevar la inclusión social a los pueblos de la Amazonia”, agregó.
 
“No debemos olvidar que el principal activo del Perú es el respeto a la diversidad cultural y el patrimonio que hemos heredado y construido como signo de nuestra identidad. Sigamos por este camino, honrando acuerdos por el desarrollo integral, por la igualdad y repliquemos esta experiencia, como producto del diálogo desarrollado con respeto y tolerancia”, puntualizó.
 
En la ceremonia de suscripción estuvieron presentes los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Von Hesse; del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, y de Educación, Jaime Saavedra; así como las ministras de Cultura, Diana Álvarez Calderón; de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, y de Energía y Minas, Rosa María Ortiz. 
 
Las comunidades nativas fueron representadas por los presidentes de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), Aurelio Chino; de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes (FECONACO), Carlos Sandi, y de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) del Marañón, Alfonso López Tejada.
 
 

lunes, 2 de marzo de 2015

Sistematización de la experiencia de ordenamiento territorial comunal en tres comunidades del departamento de San Martín a partir del proyecto "Vigilante Amazónico"


Esta experiencia fue desarrollada por CooperAcción en el marco del proyecto “Fortaleciendo las Capacidades Institucionales de Diálogo, Prevención de Conflictos y Desarrollo del Pueblo Indígena Kechwa de la Región San Martín”, ha sido implementado en tres comunidades del departamento de San Martin: Ankash Yaku, Shapajilla y Nuevo Lamas entre junio y diciembre del año 2014. Contó con el apoyo de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
 
El Objetivo del proyecto fue que las comunidades y organizaciones indígenas cuenten con un instrumento de gestión de su territorio, que además las fortalece para la negociación y el diálogo con el Estado y las empresas. El reto es que las organizaciones indígenas y el gobierno regional puedan llegar a consensos en cuanto a la ordenación territorial y se integren las diversas visiones de la población. Además con la Zonificación y el Ordenamiento Comunal se mejora la toma de decisiones, pues para gestionar un territorio se debe partir del conocimiento del mismo.
 
Esta experiencia ha sido recogida en el presente documento buscando que sea replicada y perfeccionada, en ese sentido se ha priorizado en la sistematización exponer con detalle los pasos seguidos y los aprendizajes de la experiencia.
 
La propuesta de Zonificación y Ordenamiento Territorial comunal planteada por el proyecto tuvo varios componentes o sub-procesos, estos componentes se orientaron al uso sostenible del territorio y la gestión eficaz de sus recursos. Para esto se trabajó una metodología que en el campo fue perfeccionándose con los aprendizajes y aportes de las comunidades.
 
El proceso inició con la presentación de la propuesta a las juntas directivas de la organizaciones indígenas locales y a las comunidades, luego se capacitó en el uso de GPS a miembros de las comunidades, con estos pasos previos se pasó a desarrollar los talleres de mapeo participativo donde se identificaron y establecieron las zonas de usos del territorio de cada comunidad, este trabajo se fortaleció con las salidas de campo cuya finalidad fue recorrer y georeferenciar todo lo identificado en los talleres de mapeo participativo, posteriormente se realiza la sistematización en gabinete de toda esta información plasmándolos en mapas, que posteriormente fueron validados por las propias comunidades. Finalmente en base a la zonificación, las salidas de campo y tomando en cuenta el contexto comunal (físico, biológico, económico, social, cultural, político, jurídico y sus potencialidades, limitaciones y necesidades) se elabora una propuesta de ordenamiento territorial comunal, que promueve la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio, pues es importante que cada actividad esté ordenada tanto en su desarrollo como en su localización. Todos estos pasos se realizan de manera concertada, participativa y legitimada por las autoridades y todos los miembros de cada comunidad.
 
Para la identificación de usos territoriales se tomó como elemento primordial la percepción que la población tiene sobre su entorno, cómo se relaciona con este, los vínculos que desarrolla más allá del aprovechamiento económico, también se analizan los conflictos generados por estos usos.
 
El proyecto se implementó con un enfoque participativo, intercultural y de género posibilitando llegar de manera adecuada a las comunidades y organizaciones, así como recoger sus necesidades y propuestas. También se desarrollaron estrategias para la participación activa de las mujeres.
 
Para descargar el documento en su versión digital, hacer click en el siguiente enlace: http://bit.ly/1M3GREt